El viernes pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV), a cargo de Alejandro Vanoli, declaró en vía administrativa “irregulares e ineficaces” todas las resoluciones tomadas en la última Asamblea de Accionistas de Siderar, en la que se le impidió al Estado ejercer sus derechos políticos que le confiere su condición de accionista.
Sin embargo, ayer el Ejecutivo anticipó que dará un paso más para tratar de evitar que la mayoría del Grupo Techint en el directorio de Siderar consolide su posición dominante y margine al Estado. “Este tipo de demandas es muy extensa, pero creemos que vamos a llegar con los tiempos. La idea es pedir la nulidad ante la justicia, que incluya una cautelar para evitar que se produzca algún efecto desde ahora”, explicó a este diario Ricardo Nissen, representante de la ANSES en la Asamblea Ordinaria de Siderar.
El Ejecutivo, fundamentalmente, objeta dos cosas. Por un lado, reclama incorporar dos o tres represenantes en el directorio de Siderar, lo que le corresponde por poseer el 25,97% del paquete accionario. Además, exige que el directorio de Siderar justifique cuáles son las razones por las que no repartió unos $ 6455 millones en dividendos y que aclare, asimismo, cuál es el destino que le dio a ese dinero.
En la Asamblea Accionaria de Siderar, los directivos que responden a la Organización Techint llamaron a un cuarto intermedio hasta el 11 de mayo, alegando la supuesta inconstitucionalidad del Decreto 441/2011 (publicado el miércoles pasado), que permite al Estado ampliar el número de directores y los derechos políticos sobre las empresas en las que tiene participación accionaria, que anteriormente se limitaban al 5%, aunque el porcentaje en su poder fuera muy superior.
“La inconstitucionalidad sólo la puede plantear la justicia, de ninguna manera está en condiciones de determinarla una asamblea de accionistas”, comentó Niessen, en respuesta al reclamo que presentaron los representantes de Ternium (Techint).
“La estrategia del Estado es defender los derechos de los argentinos y colocar todos los directores que correspondan de acuerdo a la nueva normativa”, indicó a Tiempo, por su parte, una alta fuente de la Comisión Nacional de Valores.
Ayer, la plana mayor del gobierno salió a defender esta estrategia de ampliar su presencia en las empresas y cuestionó en fila las objeciones que planteó la Organización Techint a la elección de representantes del Estado en el directorio de Siderar. A través de un comunicado, la ministra de Industria, Débora Giorgi, advirtió que existen “grupos económicos que se empeñan en agitar fantasmas con medidas que toma el gobierno y que son legítimas”.
“Quieren convertir en un hecho político una cuestión técnica sencilla como representar proporcionalmente las acciones de una empresa en un directorio”, dijo. Giorgi recordó que “este modelo hizo crecer como ninguno las ganancias de algunas empresas que hoy cuestionan al Estado argentino.”
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró por su parte que “lo que ellos objetan es lo que no tiene ningún sentido”, mientras que el ministro de Economía, Amado Boudou, dijo en una entrevista a este diario que la respuesta de la siderúrgica de Paolo Rocca es un “ataque brutal contra la ley”. Además, advirtió que “vamos a emplear todo el cuerpo legal que nos sea permitido para defender nuestros derechos”.
Aníbal Fernández explicó que la CNV “se expidió diciendo que la última asamblea (de Siderar) no tiene validez porque renegaron la existencia del DNU 441”. “Pretenden exhibir esa modificación de la norma como un cambio en las reglas de juego”, evaluó Fernández, quien se preguntó si lo que hace la empresa es esconder los papeles para que no los mire el gobierno. “De qué reglas de juego me hablan, si yo de lo que estoy hablando es de analizar las políticas que se están llevando a la práctica y eventualmente opinar sobre ellas en minoría. ¿Cuál es la historia? ¿No quieren que miremos los papeles?”, indagó. Asimismo, para Fernández, la empresa no tiene poder de veto sobre a quiénes designar en el directorio en representación del Estado. “Soy yo el que decido quién me represente y, eventualmente si las cosas que preguntan no son satisfactorias, dígalo, ejerza la mayoría”, exhortó. Sin embargo, más allá de las declaraciones, todo parece indicar que en los próximos días la pelea entre el Estado argentino y Techint se va a dirimir en los tribunales.
El multimedios Clarín, la usina periodística de Rocca, también anticipó que intentará que algún juez le dé la razón.
