El trabajo en negro en la ciudad golpea, en promedio, al 27% de los asalariados. Pero como todo promedio, esconde grandes diferencias, entre otras que en algunas comunas -como la 8, que comprende a Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati- esa informalidad laboral llega al 42,9%.
Así surge de los datos de la Encuesta Anual de Hogares que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad que indican, además, que ese 27% "vino para quedarse" ya que se mantiene en los últimos cuatro años a pesar del repunte económico y de la supuesta mayor fiscalización laboral. Por ejemplo, en 2008, el empleo en negro se ubicaba en el 27,6%, pero en la Comuna 8 -Villa Soldati, Villa Lugano y Riachuelo- alcanzaba al 37,3%.
En algunos barrios porteños, la informalidad laboral tuvo un notorio avance o "progreso".
En el segundo puesto del ránking, con el 30,9% está la Comuna 4 que comprende Barracas, la Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Y con el 30,1% la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal).
De este modo, en la principal ciudad del país -en especial, en la zona sur- y muy cerca del centro del poder político central y comunal, más de uno de cada cuatro trabajadores soportan la informalidad laboral. La estadística oficial no incluye la informalidad de los trabajadores por cuenta propia, muchos de los cuales no están registrados o están inscriptos pero no hacen los aportes.
Trabajar en negro significa no cobrar aguinaldo ni vacaciones ni tener derecho a la jubilación o pensión ni la cobertura de la obra social o no contar con el seguro de accidentes de trabajo. Tampoco perciben las asignaciones familiares. En caso de despido, no cobran preaviso ni indemnización ni tienen derecho al seguro de desempleo. Carecen por completo de las garantías laborales.
Además, en promedio esa gente cobra menos del 30 por ciento de lo que ganan los trabajadores que están registrados. Así, la Comuna 8 que sobresale por el empleo en negro, tiene los menores ingresos de toda la ciudad tanto de los asalariados (en promedio $ 2.833 mensuales) como de los trabajadores por cuenta propia ($ 1.905 por mes).
Esa mayor informalidad se reproduce tanto entre los varones como entre las mujeres. Pero, sin duda, tiene mayor dimensión en el empleo femenino, en especial entre el personal doméstico. También con el 12,8%, la Comuna 8 tiene el mayor porcentaje de trabajadores subocupados, es decir que trabajan pocas horas aunque están dispuestos a trabajar más. Entre las mujeres, la subocupación trepa al 17%.
Todos estos indicadores negativos se trasladan al plano de la salud, de la vivienda, de la educación y a todos los aspectos de la vida social. El trabajo en negro tuvo un fuerte aumento durante los años 90 por el impulso a los "contratos basura" y la "flexibilidad laboral", y luego durante la recesión posterior a 1998 y la crisis de 2001/02.
Con la normalización económica posterior, el no registro laboral fue reduciéndose, pero sin perforar los guarismos que regían antes de 1995. Eso mostraría que el fenómeno es estructural, que sube con fuerza cuando el ciclo económico es negativo y se reduce en los años de crecimiento, pero sin bajar, a nivel nacional, del tercio de la población asalariada, y en la ciudad del 27%.
No obstante esta realidad del trabajo en negro directo -al que recurren los empleadores para eludir el pago de las cargas sociales y pagar salarios más bajos- están otras formas "legales", como el registro de asalariados como monotributistas o la formación de cooperativas truchas o empleos oficiales transitorios, no permanentes.
La esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada, está involucrada nuevamente en un caso de trabajo esclavo. Está vez, la prueba es un video realizado por un obrero que pudo ingresar con una cámara oculta a un taller clandestino ubicado en la calle Hubac 5673, en el barrio de Mataderos.
Este lugar responde a la marca Ckeeky, que actualmente es dirigida por Awada.
Allí, 13 trabajadores viven hacinados y reducidos a la servidumbre, confeccionando pantalones para chicos que se venden en los comercios por encima de $200.
Las personas de origen boliviano, varios de ellos sin documentación, tienen jornadas de trabajo que van desde las 7 a las 22, cobran $1800, y para salir a la calle deben dejar sus pertenencias como garantía de que no se escaparán.
Los costureros están hacinados en cuartos muy pequeños con camas cuchetas, y en esas mismas cama deben comer, ya que carecen de mesas y sillas, y todos comparten un baño muy precario.
Los niños de varios de esos costureros también están sometidos al encierro.
Durante su trabajo, las personas aspiran polvillo de la tela todo el tiempo, exponiéndose a enfermedades pulmonares como la tuberculosis.
