La válvula de gas que explotó el miércoles 20 de abril y dejó sin suministro a más 700 pacientes durante una semana es otra señal de la profundización de la política de abandono de la salud pública en la ciudad. El legislador Jorge Selser, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, consideró que existe una dilación intencional cuyo objetivo es "forzar la evacuación para el posterior cierre de la institución".
Además de una denuncia ante el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario de turno para poner en marcha un plan de contingencia, el diputado Selser presentó un pedido de informe al Ministerio de Salud para que especifique que si ha habido traslado de pacientes a entidades privadas, el precio que se paga por cada interno y el tipo y calidad de prestación.
La situación colapso el miércoles 20 de abril cuando estalló la válvula de la cámara transformadora de gas. Tras realizar pruebas y registrar pérdidas, el martes 26 de abril la empresa Metrogas intentó restaurar el servicio pero no pudo hacerlo debido a que faltaba el personal matriculado del Ministerio de Salud que pudiera firmar el fin de obra para la habilitación.
Ante estas circunstancias, el diputado Dante Gullo presentó un Proyecto de Resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe sobre la “falta de suministros básicos como agua, luz y gas” y sobre la situación de los 700 internos “que no pueden bañarse, tampoco cuentan con calefacción y carecen de la provisión de comida adecuada, siendo estas causales graves, asimilables al delito de abandono de persona”.
La falta de mantenimiento del hospital afecta también a otros sectores del neuropsiquiátrico como la cocina, dos alas laterales del edificio central no fueron restauradas y se encuentran cerradas y el pabellón donde se atienden a adictos y portadores de HIV fue cerrado por problemas en techos y cañerías.
En octubre de 2010, una medida cautelar obligó al gobierno porteño a mejorar las condiciones de habitabilidad, pero en la práctica sólo implicó el reagrupamiento de los pacientes en otros partes del nosocomio.
Luego de recorrer el hospital y dialogar con los trabajadores, la diputada María José Lubertino señaló: “El abandono del Borda no es nuevo y el plan de Macri y Lemus para unificar hospitales fue resistido en distintos momentos tanto por la Legislatura como por los trabajadores. Todos vemos detrás del proyecto sanitario de reducción de hospitales y unificación de edificios una propuesta de especulación inmobiliaria dado el valor del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires y la cercanía con el centro”.
Con respecto a la puesta en marcha de la nueva Ley de Salud Mental, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de la Ley Nº 448 de Salud Mental, María Elena Naddeo, explicó que hay pabellones que funcionan correctamente, pero que "para estos servicios, que se ajustan a un nuevo modelo de salud mental que parte de una mirada de integración de los pacientes a la sociedad, se necesitan más acompañantes terapéuticos y enfermeros".
En este sentido, Lubertino insistió en la necesidad de “monitorear que la vigencia de la nueva ley de salud mental no sea utilizada para una externación de pacientes que no están aún en condiciones de afrontarla”.
Fuente : http://www.surcapitalino.com.ar/
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