La respuesta, entonces, debería ser política y no emocional. Si la política busca el bien común y la coartada sindical de Moyano deja a un pueblo como Guaminí sin gas, sólo hay que confrontar dichos y hechos, de cara a la sociedad, que es la que decide.
Toda su movida se inició un 20 de junio, Día de la Bandera creada por Manuel Belgrano, quien en 1812 ordenó el “Éxodo jujeño”, para no dejar en manos realistas nada que pudiera servirle para abortar la lucha por la liberación.
Belgrano redactó un bando que obligó a todo el pueblo a levantarse y a seguirlo hacia Tucumán, porque eso era lo que había que hacer si uno quería una patria libre.
Y ese bando, sobre el final, previendo que la gente no iba a querer desprenderse de sus animales o de sus casas, decía: “Serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar y no efectúen con mayor escrupulosidad sean de la clase y condición que fuesen.” No importaba el derecho de unos sobre sus propias cosas, porque había un derecho colectivo superior a resguardar: la libertad de todos, la construcción de una patria nueva, en la lucha anticolonial contra España.
La buena política persigue el bien común. Belgrano era un gran político, además de militar. Lo material era accesorio en esa encrucijada. No había interés sectorial o corporativo por encima del interés nacional. Doscientos años después, la Argentina enfrenta una nueva encrucijada.
Mientras el capitalismo mundial se hace añicos, un gobierno democrático intenta mantenerse de pie, exigiendo apoyo a los que se beneficiaron de sus políticas de casi una década. En este contexto, ¿a quién se le ocurre un paro general de Camioneros que paralice el país?
¿POR QUÉ MOYANO LANZÓ AL AIRE EL RECLAMO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS OCULTANDO DATOS IMPORTANTES?.
Moyano no reclama actualizar la escala congelada hace 15 años, que provocaría un impacto significativo de reducción del impuesto en las categorías más bajas y sería más razonable, y hasta quizá menos resistido.
En cambio echa a volar propuestas que provocan más entusiasmo, pero seguramente más desigualdades si se aplicaran.
Eliminar el impuesto a las Ganancias sobre trabajadores en relación de dependencia dejaría la carga sólo sobre los que tienen la misma relación, pero encubierta, a través de la emisión de factura y bajo la figura de autónomos.
Entre los camioneros son muchos los que están en esa situación, porque ésa es la forma de relación que impone una alta proporción de empresas de primera línea (alimentarias, cerealeras, etc.) con sus transportistas.
La propuesta de Moyano los deja de lado, e incluso les agregaría una inequidad adicional respecto de la que ya sufren en relación con los empleados declarados.
Hacer depender la actualización del mínimo no imponible de una decisión arbitraria del Ejecutivo en vez de establecerse una fórmula preconcebida (como lo es hoy el ajuste a las jubilaciones) es otra deformación del sistema.
En vez de proponer el cambio de sistema, el líder camionero prefiere la pulseada anual con el Gobierno, en beneficio de la especulación sobre la acumulación política que podría lograr con ello.
Un impuesto progresivo en su concepción puede perder el mérito si se lo aplica con parámetros que se actualizan mientras otros no, o si está sometido a resoluciones discrecionales de la autoridad política.
Un impuesto sobre el trabajo personal sometido a la presión de las corporaciones, como la de los jueces o el sector financiero cuyas ganancias siguen exentas, tampoco puede ser calificado como justo.
En su detrimento, además, el impuesto a las Ganancias provenientes del trabajo es el más difícil de evadir, porque su pago al fisco no depende del contribuyente sino del descuento que le practica quien le paga.
Tampoco tiene la más mínima posibilidad de maquillar los resultados, como suele ocurrir con los balances empresarios.
No se puede “inventar” un hijo para subir las deducciones, como se inventan honorarios pagados al exterior para tratar como gastos deducibles lo que, en verdad, son remesas de utilidades.
O se sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones en operaciones entre filiales de una misma firma.
Estas inequidades no deberían ser ajenas a la agenda de una central obrera.
Y Moyano no las menciona PORQUE NO LE CONVIENE A SUS INTERESES PERSONALES NI A LOS DE SUS ALIADOS OCASIONALES.
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